La ley define las circunstancias y el procedimiento por los que una empresa puede despedir a un trabajador antes de la extinción del contrato. Estas definiciones legales caracterizan a los despidos procedentes. Con estas especificaciones, la ley se propone proteger al trabajador y evitar que las empresas abusen de este mecanismo y eviten las indemnizaciones.
En el Estatuto de los Trabajadores se establecen causas objetivas que legitiman una extinción anticipada del contrato mediante un despido. Se trata de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Asimismo, los desajustes en el comportamiento del trabajador se consideran legalmente válidos.
En todos los casos, la forma en que se realiza el despido debe ajustarse a ciertas normas: comunicación por carta en la que consten los motivos con anticipación de 15 días y justificación del despido. Esta carta de despido es fundamental si el trabajador inicia acciones para impugnar el despido por improcedente.
Cuando la causa del despido no es procedente o no se cumplen los requisitos formales, se puede considerar improcedente. Y, por tanto, el trabajador tiene derecho a reclamar.
